La necesidad de las empresas españolas de entrar en mercados y países hasta ahora poco explotados les está abriendo los ojos sobre la importancia de revisar su política de seguridad en viaje. Más allá de sus regiones de expansión naturales, como Latinoamérica, la crisis les ha lanzado a lugares con unos estándares de seguridad muy diferentes a los nuestros. Además, no todas saben que la ley, desde la Constitución hasta el Código Penal, les obliga a informar a sus empleados de los riesgos que corren en determinados destinos.