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Las agencias españolas presionan para modificar la ley de viajes combinados

Las agencias españolas presionan para modificar la ley de viajes combinados

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) ha presentado un total de 16 enmiendas al Proyecto de Ley para la transposición en España de la Directiva 2015/2302 de Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados, que se encuentra en trámite parlamentario de urgencia en el Congreso de los Diputados.

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Entre las enmiendas presentadas, cabe destacar la frontal oposición de ACAVE a la incorporación de una nueva garantía de responsabilidad contractual, la cual va más allá de lo previsto en la directiva comunitaria. La norma es de máximos, lo que implica que los gobiernos de los Estados miembros no deben regular por encima de sus líneas maestras.

Además, en el resto de los países en los que ya se ha transpuesto la directiva, en ningún caso se ha incorporado una garantía de este tipo. Si llega a aprobarse, “las agencias de viajes españolas se situarían en una situación de desventaja competitiva respecto al resto de agencias europeas”, según la asociación.

ACAVE solicita por tanto la eliminación de la garantía de responsabilidad contractual incluida en el Proyecto de Ley, y que se mantenga solamente la garantía de insolvencia financiera, que es la única prevista en la normativa europea.

Asimismo, pide que se establezca, tal y como autoriza la nueva directiva, un régimen de responsabilidad en función del ámbito de gestión de la agencia minorista y de la organizadora del viaje.

ACAVE se opone al régimen de responsabilidad solidaria previsto en el Proyecto de Ley, dado que resulta “totalmente desproporcionado hacer responder a la agencia minorista de todos los incumplimientos producidos en los servicios incluidos en el viaje combinado, cuando ésta actúa únicamente como intermediaria entre la agencia de viajes organizadora y los clientes y no tienen ninguna capacidad de control ni de gestión sobre los prestadores de los servicios que conforman el paquete que ha creado la agencia organizadora”.

Entre sus demandas figura también que se respete el plazo de 6 meses de adaptación previsto en la directiva comunitaria. La transposición al ordenamiento jurídico español tenía que haber sido aprobada antes del 31 de diciembre de 2017, sin poder ser de aplicación antes del 1 de julio de 2018. Ante el evidente retraso, la asociación requiere que se respete, teniendo en cuenta los importantes cambios que supondrá para las agencias de viajes, tanto en garantías como en condiciones contractuales.